Impunidad persistente: A pesar del Mecanismo de Protección, autores intelectuales de ataques contra periodistas quedan sin castigo

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El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional (AI) realizaron un análisis del funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Aunque reconocen la importancia de este, señalan graves deficiencias, y destacan los ataques contra comunicadores (la mayoría cometidos por funcionarios), los asesinatos (ocho cometidos cuando estaban bajo protección) y la impunidad, especialmente contra autores intelectuales.

El CPJ y AI presentaron su informe La verdad se protege, en el que realizan un análisis y una evaluación del funcionamiento del Mecanismo sustentado en datos de autoridades y en algunos testimonios de periodistas que se encuentran bajo su protección, de lo que derivan varias recomendaciones a las instancias gubernamentales y también al Poder Legislativo.

Del estudio de tres casos en los que dos periodistas resultaron asesinados y uno más que ha sufrido varias agresiones, pese a lo cual le fueron retirados los escoltas, y de las respuestas de 28 comunicadores que se encuentran bajo la protección del Mecanismo, el CPJ y AI detectaron “graves deficiencias en la gestión de las situaciones de alto riesgo por parte del Mecanismo”.

Entre esas deficiencias se pueden destacar la tardanza en dar respuesta, el excesivo burocratismo, omisiones, errores en la evaluación de riesgos, medidas insuficientes, falta de atención a la salud mental, carencia de perspectiva de género, coordinación deficiente entre autoridades y la indolencia e insuficiente capacidad de los funcionarios, entre otras.

Acerca del contexto en que funciona el Mecanismo, el CPJ indicó que este ha registrado, entre 2012 y 2023, 834 ataques contra comunicadores, entre los que 530 fueron amenazas, 193 violencia física y 34 secuestros. En 356 casos (43 por ciento) han provenido, probablemente, de funcionarios, y en 276 (33 por ciento) de actores no estatales, entre los que se incluyen grupos de delincuencia organizada. Los restantes no fueron identificados.

Según los datos del CPJ, desde 2012 ha registrado 88 asesinatos de periodistas y personal de medios de comunicación, de los que en 37 casos hubo relación con su trabajo. Los estados con más homicidios han sido Veracruz (21), Guerrero (10), Oaxaca (9) y Sonora (7). El informe indica que los periodistas que corren mayor riesgo son los radicados fuera de la capital del país y que reportan temas como la delincuencia organizada y la corrupción política en medios locales y regionales.

Eso es acompañado por otra cifra grave: hay 15 periodistas desaparecidos, especialmente en Veracruz, Michoacán y Guerrero.

Durante la existencia del Mecanismo han sido ultimados ocho periodistas que estaban bajo su protección. Esa cuenta inició en 2017.

De todo lo anterior el informe indica que “la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo”, por lo que la impunidad es un factor clave en la violencia contra periodistas, además de que en los muy pocos casos que hay sentencias condenatorias son contra los responsables materiales pero no contra los autores intelectuales.

Asimismo, entre 2012 y 2023 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión sólo obtuvo 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, desde por amenazas hasta por homicidios. Sólo ocho fueron por los asesinatos, y en ningún caso fue contra el autor intelectual.

Un dato importante más sobre los ocho periodistas asesinados pese a que se encontraban bajo protección del Mecanismo es que ningún funcionario fue sancionado por las fallas en que pudieron haber incurrido.

Según indican los datos del informe, entre octubre de 2012 y noviembre de 2023, el Mecanismo recibió 943 solicitudes de protección de comunicadores, de las que aprobó 762 y negó 181. En los años recientes las negativas han aumentado, hasta 49 en 2022 y en 2023. En este último año había 651 periodistas inscritos, de los que 469 eran hombres y 182 mujeres.

Los periodistas inscritos en el Mecanismo proceden de todos los estados de la República; en las entidades en que residían más eran la Ciudad de México (91), Guerrero (73), Quintana Roo (53), Tamaulipas (52) y Oaxaca (31).

Las medidas más utilizadas por el Mecanismo en 2023 fueron botones de pánico, número telefónicos de emergencia, patrullas policiales afuera de casas y centros de trabajo, mientras que sólo a 337 periodistas se les habían asignado escoltas, que inicialmente fueron de una empresa privada y posteriormente de un organismo gubernamental.

Para el análisis, el CPJ y AI lograron que 28 periodistas inscritos en el Mecanismo respondieran un cuestionario sobre su funcionamiento. De ellos, seis dijeron sentirse más seguros, siete que su seguridad no había mejorado y 15 expresaron mejoras en algunos aspectos y retrocesos en otros.