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Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas critica falta de transparencia en la actualización del registro de personas desaparecidas en México

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El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre los problemas que presenta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y, sobre todo, criticó la actualización promovida por la Presidencia de la República por falta de transparencia y por no cumplir estándares internacionales.

El Comité de la ONU encontró varios problemas preocupantes en el RNPDNO, como la resistencia de algunas autoridades a registrar y proporcionar la información, la poca claridad en los datos sobre desapariciones forzadas y la limitada información en datos desagregados.

Pero son más graves los señalamientos acerca de la actualización del registro que ha sido promovida por la Presidencia de la República: no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales, no es realizado por las autoridades competentes, no tiene una metodología clara ni transparente, además de que ya ha habido denuncias de revictimización, como acusaciones contra familiares de ocultar el paradero de personas desaparecidas.

Al respecto, el Comité realiza varias recomendaciones: mecanismos eficientes y transparentes para ingresar en el RNPDNO, que la información incluya si hay indicios de intervención de funcionarios y grupos o personas que actúen con autorización del Estado, con datos más desglosados, asegurar la transparencia de la metodología de la actualización que se realiza y que esta sea realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda.

Además de los problemas de registro, el Comité de la ONU indica otros problemas graves en la atención de las desapariciones forzadas: la persistencia de una situación generalizada de desapariciones, la carencia de una política nacional al respecto, la falta de reconocimiento de las autoridades de la responsabilidad de agentes estatales, la ausencia de importantes dependencias en el seguimiento de las recomendaciones y la falta de resultados en la formación de personal especializado

Otra cuestión que enfatiza el Comité es que quienes se siguen encargando de la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas son familiares y allegados, cuando ello le corresponde al Estado. Uno más son los bajos índices de judicializaciones de los casos de desaparición forzada, además de que los cometidos por particulares no han sido priorizados.

Acerca del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Comité manifiesta se preocupación por las denuncias por amenazas, vigilancia, represalias desapariciones y asesinatos de esas figuras y de personas buscadoras (quienes no han sido reconocidas como defensoras de derechos humanos), que sus recursos sean insuficientes y la inseguridad de los funcionarios que atienden el asunto, entre otros problemas.

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