Caso Ayotzinapa: Informe oficial reconoce que hubo militares vinculados con Guerreros Unidos; confusión, escarmiento y trasiego de drogas, causales de desaparición de los 43 normalistas
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Según el informe gubernamental sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, algunos militares y policías federales mantenían vínculos con los Guerreros Unidos, banda de la que recibían dinero a cambio de armas, municiones y protección.
En el informe Ayotzinapa. Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada, presentado este martes por la Presidencia de la República, acerca del caso de los alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos que fueron desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, se establece que, por testimonios y por datos obtenidos por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), militares estaban relacionados con la banda delictiva de los Guerreros Unidos, de quienes recibían dinero a cambio de información y hasta protección.
Prácticamente desde el inicio del documento se establece que Guerrero e Iguala “representan una zona estratégica para el trasiego de drogas, que ha devenido en un espacio de confrontación y colusión de intereses y grupos delictivos y distintas autoridades encargadas de combate al tráfico de estupefacientes, en el corredor Acapulco-Cuernavaca-Estados Unidos”.
El municipio mencionado, dice el informe, era disputado por tres organizaciones: Guerreros Unidos, los Rojos y La Familia Michoacana.
Sobre la primera banda mencionada, el texto establece que “mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red que involucraba a autoridades de los tres órdenes de gobierno fue, sin duda, un factor que ‘facilitó’ y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas”.
El documento señala que había vínculos entre esa banda y elementos de la Policía Federal y del Ejército que operaban en la zona. Derivado de varios testimonios y de mensajes de texto que fueron aportados por la DEA, estaban vinculados con los Guerreros Unidos los coroneles José Rodríguez Pérez y Rafael Hernández Nieto, comandantes de los batallones 27 y 41, respectivamente, así como el capitán José Martínez Crespo.
“Estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.
En el informe se establecen tres causales de la desaparición de los estudiantes: primera, la confusión entre Guerreros Unidos por una presunta infiltración de Los Rojos entre los normalistas; segunda, escarmentar a los estudiantes en un contexto de amenazas del alcalde José Luis Abarca y la primera de las bandas entes mencionadas, y, tercera, el trasiego de drogas, para el cual era utilizado uno de los autobuses tomados por los jóvenes.
El documento de las autoridades federales incluye una numeralia: afirma que hay 132 personas detenidas por el caso, de las que 41 son miembros de los Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, tres federales ministeriales, siete estatales y 56 municipales de Iguala, Huitzuco e Iguala), tres funcionarios de la Fiscalía General de la República, el exalcalde de Iguala y su esposa, el exsecretario de Seguridad de Guerrero y 14 militares.
Apenas el lunes pasado, Ángela Buitrago, quien fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, destacó que sobre el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sólo ha habido sentencias parciales “por delincuencia organizada en donde se capturó, por porte de armas o de droga, y sobre estos supuestos se ejerció. A hoy, no hay una sentencia condenatoria por los 43 desaparecidos, y estamos hablando del año 2023”.
