Nacional

Las compras públicas del gobierno contradicen la principal bandera política de la 4T; la administración federal adjudicó casi 9,800 mdp a empresas de reciente creación

Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 21 de junio de 2022

 

Pese a que la lucha anticorrupción ha sido una de las principales banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador, las acciones y resultados para atender un fenómeno complejo han sido insuficientes y en muchos casos son contrarias a lo planteado, revela un análisis de las compras públicas realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La organización no gubernamental creó el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), para monitorear de manera oportuna, efectiva y accesible las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.

Los resultados del análisis a las compras del gobierno en 2021 indican que 41% del monto gastado por el Gobierno Federal se hizo a través de adjudicaciones directas, proceso que limita la competencia.

Un 83% del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas) y las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia: 89% del monto contratado se adjudicó directamente.

De acuerdo al análisis del IMCO, una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos. 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.

De acuerdo al reporte presentado este martes, las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.

Entre las instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos en 2021, el Insabi fue la institución con mayor riesgo. Por otro lado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fue la institución con el menor puntaje de riesgo con respecto a las 264 instituciones analizadas.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue la institución con el mayor retroceso de 2020 a 2021: su riesgo de corrupción aumentó en 48.3 puntos. En contraste, con una disminución de 42 puntos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue la institución con el mayor avance en la medición.

La competencia en las compras públicas del sector energético disminuyó. En 2020 el Centro Nacional de Control del Gas Natural destinó 7% del monto gastado en compras públicas a procedimientos de excepción, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó a 50%.

De 2020 a 2021, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) retrocedió 26 puntos en el IRC. Mientras que en 2020 99% de los enlaces a la documentación eran funcionales, en 2021 fueron 88%.

Hay poca transparencia en las compras de algunas instituciones de salud. En 2021 el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) no publicó la documentación completa de las 64 licitaciones públicas que realizó. Además, entre 2020 y 2021 aumentó el porcentaje de contratos del IMSS sin publicación en el EDCA, de 35% a 61%. Analizar las deficiencias y anomalías en los procesos de compra permite identificar patrones y prácticas en el ejercicio de los recursos, a fin de que las instituciones generen estrategias orientadas a un gasto público eficiente, eficaz y transparente, y eviten prácticas de corrupción como el soborno, la colusión y el fraude. Para ello, el IMCO Propone:

  • Dar seguimiento a la iniciativa de reforma que busca reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el objetivo de promover la estricta separación de las labores de fiscalización y administración del gasto que lleve a cabo la SFP, así como el correcto funcionamiento y coordinación de las estructuras de control interno.
  • Establecer mecanismos de control y campos homologados en la plataforma de compras públicas Compranet, a fin de evitar errores en el proceso de captura de la información de los procedimientos de compra y garantizar que las instituciones públicas cumplan con el período establecido en la ley para la publicación de la información de compras públicas en la plataforma Compranet.
  • Aprovechar los datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgo de corrupción.

 

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