Nacional

Las 6 modificaciones de la propuesta de reforma constitucional de López Obrador, que regresarían al país a los tiempos del monopolio estatal de CFE y frenarían la transición a energías limpias

Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 6 de octubre de 2021

 

Ante las críticas realizadas en su contra desde Palacio Nacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reiteró que la eventual aprobación de la reforma energética propuesta por el gobierno federal implicaría un retroceso para la competitividad de México.

Durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la sección “Quién es quién en las mentiras”, se cuestionó el análisis del Centro de Investigación en Política Pública y se involucró a ex colaboradores de la agrupación como responsables de los señalamientos críticos al planteamiento oficial.

En sus redes sociales, el IMCO agradeció que se haya mencionado su posición respecto al riesgo que significa restituir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, y ennumeró las seis principales modificaciones de la propuesta presidencial. 

 

 1. Modifica el criterio de despacho de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y cancela los permisos otorgados al sector privado.

Esto significa que la iniciativa limita la competencia y libre concurrencia en la actividad de generación de energía eléctrica al acotar la producción del sector privado a 46% del total generado en el país.

Observaciones: Dado que la CFE genera energía a costos hasta 252% mayores al sector privado, esta medida se traducirá en mayores precios de electricidad absorbidos por los consumidores y/o mayores subsidios a las tarifas eléctricas por parte del Gobierno federal (con las correspondientes afectaciones para las finanzas públicas que esto implica, señala el IMCO.

En 2020, destaca, la generación privada a partir de energías renovables tuvo un costo promedio de 401 pesos por megawatt-hora, mientras que el costo promedio de la producida por CFE fue de 1,413 pesos.

Además, la propia CFE incurrirá en costos adicionales para la construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctricas. Por su parte, la cancelación de los permisos de generación afectará la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones.

 

2.- Revierte la separación horizontal y vertical de la CFE. La iniciativa desaparecería a las empresas productivas subsidiarias y a las empresas filiales de la CFE –con excepción de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Capital, CFEnergía y CFE Internacional– en contra de lo establecido en los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE (TESL). Mediante los TESL se obligó a la CFE desde 2016 a participar en cada una de las distintas actividades que conforman la industria eléctrica (generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos primarios) de forma independiente a través de distintas empresas subsidiarias y filiales con el propósito de fomentar el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en el sector.

Observaciones: Al integrar vertical y horizontalmente, la CFE se reconstituye como el único actor que puede comprar (monopsonio) y suministrar (monopolio) energía, lo cual elimina las posibilidades de competencia en el mercado de generación. Así, adquiere un poder de discriminación hacia los privados en las actividades de transmisión y distribución eléctrica y reduce las opciones para los consumidores.

 

3.- Elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL). Con el propósito de incentivar la generación de energía eléctrica limpia, la Ley de Transición Energética creó la figura de los CELs, los cuales se otorgan por cada megawatt-hora de energía generada en centrales limpias que iniciaron operaciones después de agosto de 2014. Estos han representado el incentivo más poderoso para atraer inversiones en capacidad instalada limpia.

Observaciones: Desaparecer los CELs elimina el principal incentivo para expandir la capacidad instalada renovable en México. La CFE no tiene capacidad instalada limpia para aumentar la participación de las energías renovables en la medida que el país lo requiere. Sin ellos, se vuelve inviable que México cumpla con su compromiso en materia de transición energética de generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024 plasmado en el Acuerdo de París.

 

4.- Desaparece la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Observaciones: La desaparición de los órganos reguladores del sector energético en México es perniciosa para el desarrollo del sector al generar un clima de incertidumbre entre los participantes –públicos y privados– de la industria eléctrica que se traduce en bienes y servicios en cantidad, calidad y precio subóptimos. 

 

5.- Incorpora el Cenace a la estructura de la CFE. La empresa se convierte en el operador del mercado eléctrico. 

Observaciones: El Cenace fue parte de la CFE hasta la apertura del sector energético. Regresar a un modelo en el que opere el mercado implica el retorno a un esquema en que la CFE decide las compras y el precio de la energía a generadores privados con un amplio margen de discrecionalidad.

 

6.- Establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano. Se establece que la explotación de este mineral no podrá ser concesionada a particulares (con excepción de las concesiones vigentes) bajo el argumento de su importancia estratégica para la transición energética del país.

Observaciones: El almacenamiento eléctrico permitirá que, en el futuro, la energía eléctrica no tenga que generarse al tiempo que se consume. Tecnologías como esta posibilitan un cambio de paradigma. Monopolizar en el Estado mexicano la explotación del litio reduce las posibilidades de desarrollo tecnológico al cerrar la puerta a la iniciativa privada y la innovación tecnológica.

En un contexto de recuperación económica, la apuesta de México debe ser por incrementar la competencia y la inversión. Esta iniciativa eleva los costos de la energía eléctrica y limita las libertades de los ciudadanos, daña el medio ambiente al apostar por los combustibles fósiles, y desincentiva las inversiones al cancelar los permisos de generación privados de forma retroactiva. Todo ello en detrimento del Estado de derecho y de la competitividad del sector y del país.

Los países que rechazan la transición energética pierden competitividad. Se requieren políticas públicas y regulación que se adapten a un ecosistema de descarbonización y la electrificación de la economía. El Estado no puede ser el único actor a cargo de la transición energética: IMCO

 

Siguenos

Twitter

Encuesta

El cuadro de Francisco I. Madero que intervinieron las inconformes que tienen tomadas las instalaciones de la CNDH, ¿a usted?
ANUNCO DERECHA 2

Suscribase a nuestro boletín

reciba las noticias más relevantes

Redes Sociales / Boletín de Noticias

Search