Nacional

Primer dictamen de la nueva legislatura federal: ningún presidente podrá hacer propaganda en tiempos de veda electoral (avísenle a López Obrador)

Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 2 de septiembre de 2021

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus sucesores, interinos o constitucionales, ya no podrán utilizar la tribuna presidencial para atacar a sus adversarios o para hacer propaganda oficial en tiempos de veda electoral, porque la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con cambios el dictamen de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

A las 2:30 de la mañana, por 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones, se votó la legislación que reglamenta los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución para determinar la responsabilidad penal del presidente de la República y ajustar las disposiciones en torno al juicio político y a la declaración de procedencia de la cámara baja.

Entre los cambios destaca el número de integrantes de la Sección Instructora, que pasó de cuatro a cinco elementos, para evitar empates.

La nueva ley determina que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado durante su encargo por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

En el caso del delito electoral, Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado de haber hecho propaganda para su partido Morena en la pasada contienda electoral, acción que con la nueva ley, sería sancionable, como no ocurrió ahora.

 

De hecho, el pasado 20 de agosto, la Sala Especializada del Tribunal Electoral confirmó que, nuevamente, en tres conferencias mañaneras celebradas en abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la veda electoral y faltó a sus deberes de imparcialidad y neutralidad para no afectar el proceso electoral.

 

Sin embargo, al presidente no se le hizo reclamo alguno, lo que procedió es que por ese motivo el titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), su vocero y 188 concesionarias de radio y televisión deberán ser sancionados.

Los magistrados electorales hicieron ese día un llamado a López Obrador “para que utilice adecuadamente los recursos públicos a los cuales tiene acceso”, y fue vinculado “por conducto de la Consejería Jurídica para que en ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, considere revisar y modificar en su caso, la normatividad atinente en propaganda gubernamental e impulsar las acciones de cualquier otro carácter encaminadas a cumplir con los principios constitucionales”.

Ahora, la solicitud para enjuiciar al presidente por este y otros delitos deberá ser formulada por el Ministerio Público cuando se cumplan con los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción penal y deberá estar acompañada de copias certificadas de las constancias que integren la carpeta de investigación o, si las investigaciones estuvieran agotadas, de la resolución a favor del ejercicio de la acción penal.

Si el dictamen de la Sección Instructora es aprobado por el Pleno, el procedimiento continuará en el Senado de la República. La cámara alta se erigirá en Jurado de Sentencia y su resolución se orientará sobre si está o no acreditada la responsabilidad del presidente en la comisión del o de los delitos que se le acusan. Si el Senado lo encuentra probable responsable, deberá resolver con base en la legislación penal aplicable.

El nuevo ordenamiento abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y define los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, así como las causales y sanciones en el caso de juicio político.

En torno al desafuero, solo procederá previa solicitud del Ministerio Público ante la Cámara de Diputados cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos señalados.

Si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta que procede el desafuero, la persona imputada quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeta a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Si decide que no procede tampoco será obstáculo para que el procedimiento penal inicie o continúe su curso cuando la persona servidora pública haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión, pues la misma no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación.

 

 

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