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Joe Biden revierte las políticas migratorias más abusivas de Trump, pero López Obrador tolera que funcionarios, policías y cárteles de la droga sigan cometiendo abusos contra migrantes en territorio mexicano: Human Rights Watch

Redacción /Entérate México
Washington, D.C. 8 de marzo de 2021

 

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó que miles de migrantes están siendo obligados a esperar en México a que el gobierno de Estados Unidos atienda sus solicitudes de refugio, pero en territorio nacional sufren de falta de empatía de las autoridades, así como de graves abusos de policías y carteles de la delincuencia organizada.

A raíz de que en enero de 2019, Estados Unidos decidió cerrar su frontera sur a los inmigrantes que buscan salvaguardar sus derechos humanos, muchos han quedado expuestos a abusos en México, señaló la organización en un comunicado en el que demanda al gobierno norteamericano poner fin a las expulsiones desproporcionadas y dañinas de solicitantes de asilo justificándolas en “razones de salud pública”.

HRW pide también al gobierno de Joe Biden “permitir que los solicitantes de asilo cuyos casos fueron desechados mientras estaban en el programa Quédate en México puedan volver a solicitar asilo en EE.UU” y dar instrucciones al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Patrol, CBP) para que considere debidamente las solicitudes de permiso humanitario (humanitarian parole) en los puertos de ingreso, las cuales permiten a individuos ingresar a Estados Unidos de forma temporal por razones humanitarias.

Al gobierno mexicano, la organización defensora de derechos humanos le recomienda negarse a aceptar nuevas expulsiones de solicitantes de asilo desde EE.UU., así como “adoptar medidas para que se investiguen y se lleven ante la justicia a los responsables de delitos contra migrantes”.

La organización plantea incluso, ante las constantes agresiones contra los migrantes, que es necesario “ordenar a policías y al Ministerio Público que permitan que cualquier persona denuncie un delito, independientemente de su situación migratoria, conforme lo exigen la legislación mexicana y el derecho internacional”.

 

 

Igualmente le pide disponer que se lleven a cabo investigaciones independientes y transparentes sobre las denuncias de que policías y agentes de migración han estado implicados en la comisión de delitos contra población extranjera cuya residencia es provisional en el país y “asegurar que los migrantes que sean víctimas de delitos reciban información sobre cuáles son sus derechos, incluido el derecho a pedir una visa humanitaria prevista en el derecho mexicano”.

Sobre el programa “Quédate en México”, que le permitió al gobierno de Donald Trump impedir el acceso a 71 miles de solicitantes de asilo en ese país, los cuales están temporalmente en territorio nacional, HRW plantea que el gobierno mexicano debería entre tanto se resuelven las solicitudes, ¡emitirles visas humanitarias u otras visas de residencia temporal con tarjetas de identidad con fotos”.

 

“Ante los pasos positivos que está dando el Presidente Biden para revertir algunas de las políticas migratorias más abusivas del gobierno de Trump, al Presidente López Obrador le queda mucho más difícil mirar hacia otro lado mientras funcionarios mexicanos siguen cometiendo abusos contra migrantes”: Informe de Human Rights Watch

 

También expresa que el gobierno mexicano debe cerciorarse de que esas personas reciban un número de identificación nacional (CURP), un número del seguro social y un número de identificación tributaria (RFC) válidos durante la totalidad de su estadía en México.

Para la organización internacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería asegurarse de que se les brinde información sobre sus derechos, incluso sobre cómo trabajar de manera legal y acceder a la atención de la salud pública y educación y qué hacer si a alguien se le niega el acceso a servicios públicos.

 

“México debe asegurar que los funcionarios públicos, incluidos policías, trabajadores de la salud y administradores de escuelas públicas, entiendan que los solicitantes de asilo se encuentran legalmente en México y tienen derecho a acceder a servicios públicos”: HRW

 

 

EL CASO DE LOS VENEZOLANOS
Unas de las poblaciones más afectadas o cuyos casos son más conocidos por los abusos que han recibido en México, son los venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro y solicitan refugio en el vecino país del norte.

Varios entrevistados por HRW señalaron que temían denunciar delitos y abusos sufridos en México a las autoridades mexicanas, y que a menudo no podían obtener los documentos necesarios para trabajar, recibir atención médica o enviar a sus hijos a la escuela.
“Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Como parte del trabajo de monitoreo sobre la crisis en Venezuela que ha hecho que más de 5.5 millones de personas huyan del país, entre septiembre y diciembre de 2020 Human Rights Watch entrevistó a 71 venezolanos que habían cruzado México para pedir asilo en Estados Unidos y fueron enviados a México para esperar mientras se procesaban sus solicitudes, en el marco del programa Quédate en México.

La mayoría viajaba con sus parejas, hijos u otros familiares. Human Rights Watch también habló con funcionarios públicos, organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos de los migrantes y con dos abogados que representan a solicitantes de asilo. En muchos casos, consultó evidencias que eran consistentes con los testimonios, como por ejemplo fotografías, documentos migratorios e informes policiales.

Casi la mitad de los entrevistados dijeron que policías, agentes de migración u organizaciones criminales intentaron extorsionarlos en México. En 16 casos, los solicitantes de asilo manifestaron que agentes de migración o policías mexicanos los sacaron de autobuses o de filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno. Algunos afirmaron que los funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los carteles si no pagaban.

En 27 casos, los solicitantes de asilo indicaron que grupos criminales los habían interceptado en cruces fronterizos, estaciones de autobús, hoteles u otros lugares en ciudades fronterizas. Los criminales los habían secuestrado o amenazado con secuestrarlos, y habían exigido cientos o miles de dólares a modo de rescate o a cambio de protección.

La mayoría de las víctimas afirmaron haber sufrido estos abusos por su condición de migrantes. Los agresores a menudo identificaban a las víctimas inspeccionando los documentos de identidad o migratorios que llevaban consigo. En algunos casos, el agresor ya tenía su fotografía o identificaba a la persona en cuestión entre la multitud. Muchas víctimas dijeron haber visto a desconocidos que los miraban o les tomaban fotografías antes o después de ser víctimas del delito. 


TESTIMONIOS DEL INFIERNO

Refiriéndose al hecho de que los migrantes son victimizados tanto por funcionarios públicos como por delincuentes, un hombre nos dijo: “No entiendo quién es un criminal y quién es la ley”.

Muchos afirman que temen salir o interactuar con funcionarios mexicanos, incluso para encontrar trabajo o conseguir atención médica, y evitan hablar frente a extraños porque les preocupa que su acento los convierta en un blanco fácil. También les preocupa la posibilidad de que secuestren a sus hijos si los inscriben en escuelas.

“Me aterra salir”, nos contó una mujer. “No sé qué es peor, si estar aquí o en Venezuela”.

Dieciséis personas entrevistadas dijeron que agentes de migración o policías mexicanos las habían detenido y les habían exigido sobornos, en algunos casos de miles de dólares. Contaron que los funcionarios las habían amenazado con deportarlas, hacerlas desaparecer o entregarlas a carteles si no pagaban. Algunas dijeron que las habían extorsionado al ingresar al país. Otras, que las habían detenido en un aeropuerto y los agentes de migración las habían llevado a áreas de espera para exigirles un pago.

Ángel y su familia volaron de Ciudad de Panamá a Monterrey, en el norte de México, en octubre de 2019, como parte del trayecto para solicitar asilo en la frontera de EE.UU. Ángel contó que un agente de migración mexicano que tenía fotos de ellos, presuntamente tomadas más temprano ese mismo día en el aeropuerto de Panamá, los sacó de la fila de llegada y les hizo pasar la noche en una celda. A la mañana siguiente, otro funcionario les exigió un soborno de USD 100 por persona y les dijo que los deportaría si no pagaban.

Ángel pagó, y él y su familia continuaron en un vuelo hacia la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Allí, agentes uniformados de la policía federal y municipal sacaron de la fila a todos los ciudadanos venezolanos y cubanos y les exigieron nuevamente sobornos de USD 100 por persona, mientras uno de ellos les decía: “Sabemos que están intentando llegar a la frontera”. Cuando Ángel se negó a pagar, esos mismos agentes lo detuvieron junto a su familia hasta el anochecer, los llevaron en una camioneta a un callejón abandonado y los amenazaron con que, si no pagaban USD 6 mil, los entregarían a un cartel.

Ángel dijo que no tenía esa cantidad de dinero, así que golpearon a su padre, rompieron las maletas de su familia para abrirlas y desparramaron su contenido por el suelo. La hermana de Ángel les entregó su cartera, en la que había USD 3 mil, todo el dinero que tenían para el viaje. Los agentes se fueron en la camioneta y, en el medio de la noche, la familia caminó hasta la frontera, donde comenzaron el proceso de asilo.

Mauricio contó que cuando llegó al aeropuerto de Cancún, en octubre de 2019, un agente de migración lo llevó a una sala y le exigió un soborno de USD 300 para ingresar al país. Accedió al pago, pero el funcionario desapareció y a Mauricio lo deportaron. En diciembre de 2019, volvió a intentarlo, esta vez volando hacia Ciudad de México, donde otro agente de migración le exigió un soborno de USD 500. Lo pagó y el agente le dio una visa para ingresar.

Entró al terminal principal, donde un grupo de policías lo detuvo y le hizo pagar un tercer soborno, de USD 400. Además, un agente tomó una fotografía de su pasaporte y de su tarjeta de embarque y se la envió a alguien. Al día siguiente, en la puerta de su vuelo hacia la frontera, tres policías se le acercaron y le hicieron pagar USD 300 más para evitar que lo deportaran. Al llegar a Ciudad Juárez, la policía lo interceptó por quinta vez y le exigió los USD 300 que le quedaban. “Para ellos solo somos un negocio”, dijo Mauricio.

Human Rights Watch solicitó al Instituto Nacional de Migración de México que le enviara la información con la que contara sobre señalamientos de agentes migratorios que hubieran extorsionado a migrantes, pero no ha recibido respuesta.

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