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La Función Pública en tiempos de AMLO: una institución que no vigila y que no se deja vigilar; sólo revisó la evolución patrimonial del 0.02% de los funcionarios y fue discrecional sobre a quiénes sí investigar y perseguir

Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 21 de febrero de 2021

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) el brazo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la “peste” de la corrupción en las dependencias federales, fue acusada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ocultar información y de impedir el trabajo de investigación que esa instancia realiza por mandato constitucional para el Poder Legislativo.

En el informe de la cuenta pública 2019, la ASF dice que la dependencia que dirige Irma Sandoval de Ackerman, le impidió realizar sus trabajos, ocultar información sobre el estado patrimonial de un líder sindical y mostró resistencias al proceso de fiscalización; también señaló que existe discreacionalidas en las investigaciones que realiza.

“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información”, destaca uno de los informes de auditorías realizado a la SFP.

La ASF aseguró que “la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.

El órgano de fiscalización superior, encabezado por David Colmenares, presentó el informe de una auditoría practicada a la institución, en la que encontró irregularidades como la falta de experiencia adecuada entre su personal, falta de claridad en los objetivos que persiguen, y que no existen elementos para poder integrar un diagnóstico apropiado y suficiente de la situación que guarda el control interno en la Administración Pública Federal.

La ASF encontró que la SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología para justificar cómo selecciona a los servidores públicos sujetos a investigación.

Se encontró por ejemplo que en la selección de los servidores públicos sujetos a investigación en 2019, cinco de las apenas 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las dos que se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo tres de ellas fueron sugeridas por áreas de la dependencia.

La ASF advirtió que, en lo que se refiere a las investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos, la SFP practicó, durante el ejercicio 2019, sólo se realizaron 92, que representó únicamente el 0.02 por ciento del total de las declaraciones patrimoniales presentadas (575 mil 834) y que sólo comprendieron a servidores públicos de 35 de las 296 instituciones registradas y el 50 por ciento se concentró en cinco entes públicos, lo que le da una dosis de discrecionalidad a la tarea.

Asimismo, reveló que en las investigaciones de evolución patrimonial, sólo participó la Dirección General de Información e Integración de la SFP, “con lo que se concluyó que los Órganos Internos de Control y las demás autoridades investigadoras fueron omisas en el ejercicio de las atribuciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas les confiere”.

 

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