Nacional

Encuentra la Auditoría Superior de la Federación un cochinero en la revisión de la cuenta pública 2019 del gobierno de López Obrador; desvíos, gastos sin comprobar, mentiras y falta de transparencia, son la constante

Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 21 de febrero de 2021

 

Desvíos de recursos, falta de comprobación y de transparencia, caos administrativo y otras anomalías que afectan el buen gasto del dinero público, encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,

En su informe ejecutivo que el órgano técnico independiente entregó a la Cámara de Diputados, se identificaron irregularidades diversas en el gasto de la administración federal por 67 mil 498.4 millones de pesos.

Entre los sectores que más irregularidades presentaron está el de Comunicaciones y Transportes con 22 mil 331.5 millones de pesos presuntamente mal ejercidos o sin la comprobación suficiente.

También se detectaron anomalías en las secretarías que operan la mayor parte de los programas sociales del gobierno de López Obrador, en este caso, la de Agricultura y Desarrollo Rural, por 4 mil 576.0 millones de pesos, y la de Bienestar con 3 mil 392 millones de pesos.

El tercer paquete de auditorías entregado a la Cámara por parte de la ASF incluye 871 nuevos informes de las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, suman mil 358.

El auditor David Colmenares destacó que se revisó el gasto federalizado de 2019 equivalente a 1.9 billones de pesos y se realizaron auditorías a los megaproyectos emprendidos por la administración de López Obrador, entre ellos, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”.

 

MÁS CARO EL CALDO…

En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, la Auditoría Federal dio a conocer que contrario a lo expresado reiteradamente por el gobierno federal, la cancelación del aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco no costará 85,000 ni 100,000 millones de pesos al erario, sino que superará los 331 mil millones de pesos, el equivalente a 1.3% del PIB nacional.

En el informe de la ASF se revela que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó la información sobre la construcción del Aeropuerto “Felipe Ángeles” con el argumento de que es asunto de seguridad nacional; sin embargo, no presentó las pruebas que expliquen cómo la entrega de estos datos vulnerará la operación.

La ASF también señala que, tras su análisis a los dos al Análisis Costo Beneficio que presentó la Sedena, no identificó beneficios relacionados con que en el Aeropuerto se realice operaciones civiles y militares. La Auditoría menciona que la Sedena debería analizar las experiencias de otros países sobre aeropuertos mixtos con e fin de que en el diseño, construcción y operación del aeropuerto se aseguren operaciones armonizadas y sin inconvenientes para vuelos civiles y militares.

 

EL TREN MAYA EXAGERÓ CIFRAS

Sobre el Tren Maya, el informe evidenció irregularidades como sobrecostos en asesorías legales, pagos injustificados por las deficiencias de servicios y falta de mecanismos para verificar el cumplimiento de contratos, por lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debe aclarar el gasto de 135 millones de pesos.

Lo más grave, sin embargo, es el señalamiento en el sentido de que el Tren Maya “presenta riesgos de no ser rentable, no fue consultado debidamente ante la población indígena, tiene escaso interés en la protección ambiental y es poco transparente en la adjudicación de contratos públicos” según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para la institución auditora, Fonatur incurrió en varias irregularidades durante la fase de diseño y de estudios, los cuales ponen en vilo la viabilidad social y financiera del proyecto. Es decir: Fonatur exageró sus cifras de uso del Tren Maya a futuro para presentar el proyecto como rentable, lo cual implica “un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión”.

Sobre la vinculación de la sociedad con ese proyecto sexenal, la ASF plantea que en la “encuesta indígena” promovida “Fonatur no presentó información sobre los llamados “polos de desarrollo” –las ciudades que pretende construir alrededor de las estaciones del tren–, dejó fuera a más de la mitad de las comunidades de la Península –más de 2 millones de personas–, y realizó las asambleas en un solo día”.

En la auditoría 1386-DE, la ASF señaló que, en 2019, el Fonatur “no contrató estudios de impacto ambiental referentes a la flora, fauna, medio socioeconómico y al paisaje, relacionados con la fase 1 del proyecto Tren Maya”, ni estudios de “factibilidad ambiental” y obtuvo una exención para no realizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre la vía existente, la cual “careció de las acciones de seguimiento y control ambiental”, según la ASF.

El desinterés del Fonatur hacia la problemática ambiental quedó evidenciada en el hecho de que la dependencia no incluyó el costo de las acciones de mitigación y otras “externalidades ambientales” en su análisis de costo beneficio.

 

VAN TRAS FUNCIONARIOS

Del seguimiento a los procesos legales de la Cuenta se han iniciado mil 804 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Se integraron mil 439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa ante la Dirección General de Investigación.

Se dictaminaron mil 385 Pliegos de Observaciones “por su no solventación”.

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