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Paradójico, la 4T elimina 109 fideicomisos por supuesta opacidad en su uso, pero mantiene la asignación directa como medio favorito de gasto: MCCI

Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 23 de octubre de 2020

 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advirtió que en el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” el uso y abuso de las adjudicaciones directas sigue siendo el instrumento favorito para gastar.

En el análisis y seguimiento que hace de las contrataciones públicas para detectar irregularidades, problemas y áreas de mejora, MCCI señala que en septiembre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la mayor cantidad de dinero público a través de adjudicaciones directas.

Al mismo tiempo, señala, el gobierno romperá, nuevamente, el récord de adjudicaciones directas de la década, pues 79.3% de los contratos han sido entregados por este mecanismo.

“La información oficial de la plataforma COMPRANET muestra que durante los primeros nueve meses de 2020 la Administración Pública Federal ha celebrado 104,999 contratos por un total de 333,910 millones de pesos. De estos, 83,261 han sido entregados por la vía de la adjudicación directa, es decir, el 79.3% del total de contratos; mientras que la licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado de acuerdo con la Constitución, ha sido usada sólo para 12,501 contratos, el 11.9% del total”, advierte.

Esto revela una de las preocupaciones principales de las adjudicaciones directas, ya que mientras una licitación pública entrega contratos, en promedio, por 11.6 mdp; las adjudicaciones directas, al ser muchos más contratos, en promedio entregan montos más pequeños, de alrededor de 1.5 mdp, por lo que las posibilidades de escapar de la vigilancia ciudadana y la atención mediática son mayores, destaca MCCI.

La organización no gubernamental señala que a pesar de que el discurso político presume el fin de la corrupción, en las compras del gobierno siguen faltando mecanismos de vigilancia y control que impidan problemas tan elementales como que en 2019 diversas empresas identificadas por el SAT como fantasmas sigan recibiendo contratos públicos.

En ese sentido indica que la empresa Limpieza y Mantenimiento Xielsa S.A. de C.V., señalada por el SAT como empresa fantasma, recibió 13 contratos por un total de 19.1 mdp,  desde noviembre de 2019.

Estos contratos fueron firmados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Diconsa y el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.

De estos 13 contratos, 6 fueron entregados en una invitación a cuando menos tres personas y 7 se dieron por una adjudicación directa, lo cual pone de manifiesto la importancia de vigilar el uso de esta figura, indica MCCI.

MCCI contrastó las cifras actuales con las de otros años, lo que mostró una tendencia al alza en la que el porcentaje de contratos adjudicados de manera directa hasta el momento colocarían al 2020 como el punto más alto de toda la década, sólo después de 2019, momento en que se había llegado a la mayor proporción, con 78.1%.

Precisa que el resultado contrasta de manera significativa con el discurso oficial que enarbola el cambio y la transformación como banderas, pues más que un rompimiento, las compras del gobierno presentan una continuidad preocupante con el pasado.

Cuando este gobierno se comprometió formalmente, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a prohibirlas.

Subraya que adicionalmente, el mes de septiembre de 2020 presenta una anomalía.

Describe que pesar de que la proporción de contratos entregados por adjudicación directa es bastante similar a la de meses anteriores, que oscilan entre el 79% y el 81%, al considerar el importe total hay un salto abrupto, pues por segunda vez en el año las adjudicaciones directas no sólo son mayores en cuanto a cantidad de contratos, también lo son en las cantidades otorgadas: mientras 6,636 mdp se entregaron por licitación pública, las contrataciones entregadas directamente a un proveedor determinado llegaron hasta 29,509 mdp: por cada peso que se licitó en septiembre se entregaron cuatro pesos por adjudicación directa.

 

Uno de los grandes beneficiados con la entrega de obras por la vía de adjudicaciones directas, es ICA Constructora, S.A. de C.V.

La firma recibió por adjudicación directa 25,849 mdp para el “Proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondiente al tramo Izamal – Cancún”.

MCCI aclara que si bien este contrato ya había sido anunciado desde junio, aún no se había formalizado y firmado, por lo que no aparecía como un contrato activo dentro de Compranet.

Menciona que con su inclusión, ICA se convierte en el contratista más grande hasta el momento del proyecto del Tren Maya, a la vez que coloca nuevamente al FONATUR como una de las instituciones destacadas en el uso de adjudicaciones directas.

Al respecto señaló que de las 20 instituciones que han entregado la mayor cantidad de recursos a través de contratos adjudicados directamente, FONATUR aparece en la segunda posición, sólo por debajo del IMSS.

Después de ellas aparecen instituciones fundamentales para los objetivos de la presente administración, como la Guardia Nacional, Diconsa, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa y la de Marina o el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Mexicanos Contra la Corrupción afirma que los datos oficiales  muestran que las adjudicaciones directas no sólo forman parte de la normalidad en la administración pública, sino que su uso se ha profundizado en varias de las obras, instituciones y programas más representativos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no sólo vulnera las leyes mexicanas, sino que atenta contra un objetivo autoimpuesto por el propio presidente.

Resulta paradójico que en medio de una serie de cambios profundos y controvertidos al presupuesto y su ejercicio, como sucede con la propuesta para eliminar 109 fideicomisos bajo la premisa de supuesta discrecionalidad y opacidad en su uso, uno de los mecanismos más discrecionales, con mayores riesgos de corrupción y con probadas consecuencias negativas como las adjudicaciones directas siga siendo el instrumento favorito de este gobierno para gastar, concluye MCCI.

 

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