Nacional

La consulta popular contra ex presidentes que propone López Obrador, “un concierto de inconstitucionalidades”: Ministro Luis María Aguilar

Redacción /Entérate México
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2020

 

El Estado Mexicano tiene la obligación de investigar y perseguir los delitos y no puede condicionar su responsabilidad al resultado de una consulta pública como la que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador© para enjuiciar a cinco ex presidentes, se señala en el proyecto de sentencia que será aprobado o rechazado en el pleno de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 1 de octubre.

“La solicitud justifica la necesidad de llevar a cabo una consulta popular con el propósito de lograr que, a través del mandato de la ciudadanía, se logre dar un cauce legal y hacer posible que se inicien procesos legales en contra de los expresidentes. Sin embargo, esa no puede considerarse una justificación constitucionalmente válida para someter a la opinión popular la aplicación de la Ley”, plantea el documento elaborado por el ministro Luis María Aguilar.

Se añade que, por el contrario, el efecto que puede derivarse de la consulta popular en los términos ahora planteados “podría afectar negativamente las funciones constitucionales de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso legal que debe regir en todo Estado constitucional y democrático de Derecho”.

En relación al argumento del presidente López Obrador en el sentido de que en los gobiernos de sus antecesores se cometieron graves violaciones a derechos humanos, el proyecto que será discutido dentro de una semana destaca que tales derechos “no son negociables, no están sujetos a la opinión pública ni a la decisión de las mayorías”.

“No es procedente una consulta popular para hacer exigibles estos derechos, pues la Constitución y las leyes establecen, en forma tajante, los derechos de todas las personas y sus garantías de protección, por lo que, en caso de que exista conocimiento y se dé noticia de que se ha violado un derecho o se han realizado violaciones generalizadas de derechos humanos o crímenes contra la humanidad, es obligación del Estado mexicano investigarlas, perseguirlas y, en su caso, sancionarlas conforme a los principios esenciales del debido proceso y a las garantías de la persona imputada”, expone el proyecto.

 

 

Respecto a los señalamientos de corrupción en varios sexenios, el ministro Luis María Aguilar destaca que la Constitución y las leyes que de ella emanan prevén mecanismos para evitar la impunidad y recuerda que el Ministerio Público es el órgano encargado de ejercer la acción penal, y que su obligación es indeclinable, “por lo que no es necesario ni posible válidamente someter a consulta si los delitos deben o no investigarse”.

 

“Someter a consulta popular si las autoridades deben cumplir o no con sus deberes constitucionales y legales, es inconstitucional, porque condicionar el cumplimiento de la Ley a lo que digan las mayorías rompe con los principios generales del proceso legal previstos en el artículo 20 de la Constitución, e impide el esclarecimiento de los hechos delictivos: Ministro Luis María Aguilar

 Sin mencionar al presidente, el proyecto de resolución expone también que cualquier persona que tenga conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de un delito, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público, que debe investigarlo, por lo que “la consulta popular no puede considerarse la vía constitucionalmente idónea para dar comienzo a la investigación y persecución de los delitos”.

Todo lo contrario, se agrega, una consulta como la propuesta, “comprometería el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, pues al someter y condicionar a la voluntad popular la decisión de si el Ministerio Público debe realizar sus labores y cumplir con sus obligaciones, se le restarían facultades y autonomía con que la Constitución, como producto de la voluntad popular, le dotó para proteger a todas las personas habitantes de México”.

La propuesta del ministro ponente, expone que se aprueba la declaración legal de que la Suprema Corte “considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México”.

 

 https://issuu.com/enteratemexico/docs/rev_const_1-2020_-_proyecto

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