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Trabajadores del Poder Judicial van a paro en al menos 10 estados; acusan que nuevos jueces decidirán su permanencia

Empleados de juzgados federales rechazan un sistema de evaluación que deja el 60% de su calificación en manos de sus superiores. Advierten que el mecanismo amenaza su estabilidad laboral y abre la puerta a decisiones subjetivas.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) convocaron a un paro de labores para este viernes 6 de noviembre en al menos diez entidades del país, en protesta por un nuevo sistema de evaluación de desempeño que, aseguran, podría determinar su permanencia en el cargo.

La inconformidad se dirige principalmente contra los criterios de calificación y el papel que tendrán los jueces y magistrados surgidos de la elección judicial, quienes ahora deberán evaluar a empleados que, en muchos casos, acumulan años de experiencia y especialización dentro de los tribunales federales.

De acuerdo con las convocatorias difundidas por trabajadores en redes sociales, la suspensión de actividades está prevista en juzgados de Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Chiapas.

En la Ciudad de México, el movimiento contempla las sedes judiciales de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.

Los horarios anunciados varían entre las distintas sedes: algunas convocatorias establecen el inicio del paro desde la medianoche, mientras que otras lo fijan a partir de las nueve de la mañana.

El 60% de la calificación quedaría en manos de los juzgadores

El principal motivo de inconformidad es la distribución de los criterios de evaluación.

Según los trabajadores, el examen de conocimientos representará únicamente el 40% de la calificación final, mientras que el 60% restante dependerá de valoraciones sobre su desempeño y otros parámetros que consideran subjetivos.

Los inconformes advierten que este mecanismo podría dejar su continuidad laboral condicionada a la opinión de sus superiores jerárquicos, incluso cuando existan diferencias de criterio jurídico.

“¿Qué libertad tendrá un trabajador para decirle a su superior que jurídicamente está equivocado si sabe que después de ese comentario podría influir en cómo se valora su desempeño?”, cuestionaron empleados judiciales en publicaciones difundidas en X.

La preocupación adquiere especial relevancia después de la elección judicial, pues quienes llegaron recientemente a los cargos de jueces y magistrados tendrán facultades para evaluar a trabajadores con una trayectoria considerablemente mayor dentro de los órganos jurisdiccionales.

Los manifestantes consideran injusto que su experiencia, conocimientos y permanencia puedan quedar sujetos a apreciaciones personales de quienes ahora encabezan los juzgados.

No rechazan ser evaluados, sino los criterios

Trabajadores de distintas entidades aclararon que no se oponen a los exámenes de conocimientos ni a los mecanismos de evaluación del desempeño.

Su exigencia es que las pruebas se realicen mediante criterios objetivos, transparentes y verificables, sin poner en riesgo automáticamente sus fuentes de empleo.

Entre las propuestas difundidas se encuentra que quienes obtengan resultados insuficientes reciban capacitación o apercibimientos antes de enfrentar consecuencias sobre su continuidad laboral.

El conflicto abre un nuevo frente de inconformidad dentro del Poder Judicial de la Federación, esta vez entre el personal que sostiene las actividades cotidianas de los juzgados y tribunales.

Mientras los trabajadores exigen garantías de imparcialidad y estabilidad laboral, las convocatorias al paro reflejan la preocupación por el alcance que tendrá el nuevo mecanismo de evaluación sobre sus carreras profesionales.