Pescadores llevan derrame de Pemex a tribunales; juez ordena frenar contaminación en el Golfo
VERACRUZ.— Cooperativas de Tamiahua consiguieron una suspensión provisional que obliga a autoridades federales a tomar medidas para proteger a unos 2 mil pescadores, impedir que la contaminación por hidrocarburos se extienda y atender los riesgos ambientales. El juicio apenas comienza: todavía falta determinar responsabilidades y la reparación de los daños.
Después de meses de reclamos por las afectaciones provocadas por derrames de hidrocarburos en el Golfo de México, cooperativas pesqueras de Tamiahua tuvieron que acudir a un juzgado federal para exigir medidas de protección. El Juzgado Octavo de Distrito en Veracruz admitió la demanda de amparo y abrió el expediente 505/2026, dentro del cual concedió una suspensión provisional que busca proteger a unos 2 mil pescadores, impedir que la contaminación continúe propagándose y obligar a las autoridades a atender los riesgos ambientales denunciados por las comunidades.
La resolución no significa que los pescadores hayan ganado definitivamente el amparo ni establece todavía quién es responsable de los daños. Se trata de una medida cautelar mientras continúa el juicio, pero el expediente coloca bajo revisión judicial las acciones y posibles omisiones de las autoridades encargadas de investigar, contener la contaminación, determinar responsabilidades y atender las consecuencias económicas y ambientales de los derrames.
Entre los actos reclamados se encuentra precisamente la presunta omisión de instalar órganos especializados para investigar los hechos, establecer responsabilidades y aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes. Las cooperativas también demandan la reparación integral del daño y atención a las pérdidas económicas sufridas por las comunidades que dependen de la pesca y que han denunciado afectaciones desde que comenzaron a aparecer hidrocarburos en el litoral.
El recurso fue acompañado por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y el coordinador estatal del partido en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz. Ambos sostienen que la contaminación alcanzó playas, lagunas costeras, arrecifes y manglares, además de afectar fauna marina y actividades de las que dependen económicamente cientos de familias. De acuerdo con los promoventes, se han recolectado más de 900 toneladas de hidrocarburos y residuos en la zona afectada, cifra que forma parte de sus señalamientos y que no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre la magnitud total del derrame.
El antecedente más delicado, sin embargo, ya no depende únicamente de las denuncias de pescadores o de dirigentes políticos. El propio gobierno federal informó meses atrás que las investigaciones encontraron evidencia de un derrame ocurrido en febrero en la zona Abkatún-Cantarell y que Pemex detectó irregularidades que no habían sido reportadas. Entre los hallazgos señaló una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto que no fueron informadas a los altos mandos de la empresa, además de una fuga de hidrocarburos cuya existencia había sido negada inicialmente por áreas operativas cuando comenzaron a aparecer residuos petroleros en las costas del Golfo.
El caso derivó incluso en la separación de tres funcionarios y en la presentación de denuncias, pero para las comunidades afectadas eso no resuelve el problema de fondo. Álvarez Máynez sostuvo que la suspensión judicial constituye apenas un primer paso y que todavía falta determinar responsabilidades, garantizar la reparación integral del daño ambiental, atender las afectaciones económicas de los pescadores y ejecutar un programa urgente para restaurar los ecosistemas dañados.
Ese será precisamente uno de los puntos centrales del juicio, porque recoger toneladas de residuos no significa que el daño haya desaparecido. Tampoco devuelve automáticamente los ingresos perdidos a las familias pesqueras ni restaura manglares, arrecifes, playas y lagunas costeras; mucho menos sustituye la obligación de establecer qué ocurrió, quién conoció el problema, cuándo lo supo, qué hicieron las autoridades y si existieron omisiones que permitieron que la contaminación se extendiera.
La suspensión provisional no responde todavía esas preguntas ni determina culpables, pero cambia el escenario: después de meses de denuncias, contaminación y reclamos de las comunidades pesqueras, el problema llegó finalmente ante un juez federal y las autoridades tendrán que responder también en tribunales por las acciones que realizaron —o dejaron de realizar— frente al derrame.
Con información de Latinus.
