México minimiza la derrota ante Vulcan Materials y presume que sólo pagará una fracción de lo reclamado
El gobierno de México salió a contener el golpe político y económico del fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en la disputa con Vulcan Materials por las operaciones de su filial Calica en Quintana Roo. La Secretaría de Economía buscó reducir el impacto de la resolución al destacar que la indemnización reconocida supera los 15 millones de dólares, pero representa menos del 1% de los aproximadamente 1,500 millones de dólares que la empresa llegó a reclamar.
La dependencia sostuvo que, de las distintas medidas denunciadas por Legacy Vulcan, el tribunal únicamente determinó que una fue incompatible con las obligaciones internacionales de México y susceptible de generar una compensación.
Sin embargo, el fallo también representa un revés para el Estado mexicano: el tribunal concluyó que México violó el artículo 1105 del TLCAN, relativo al estándar mínimo de trato, respecto de los predios La Adelita y El Corchalito, y determinó una compensación por la clausura de operaciones de la filial de Vulcan en El Corchalito.
La empresa estadounidense sostiene una lectura mucho más severa del laudo. Vulcan afirmó que la decisión confirma que México incurrió en un trato arbitrario e injusto y cuestionó el uso de facultades ambientales por parte de autoridades mexicanas para cerrar sus operaciones y limitar sus posibilidades de defensa.
El conflicto, además, no queda completamente cerrado para la compañía. Vulcan señaló que el fallo no resuelve otros episodios que considera fundamentales dentro de la disputa: el cierre de mayo de 2022, la ocupación de su puerto en marzo de 2023 y el decreto emitido en septiembre de 2024 sobre sus terrenos.
México rechaza esa interpretación y acusa a la empresa de intentar presentar la resolución como una condena general al país. La Secretaría de Economía insistió en que el laudo debe ser consultado directamente y sostuvo que es incorrecto afirmar que la controversia trasciende el caso Vulcan.
Pero el expediente deja otros elementos incómodos para el gobierno mexicano. El tribunal desestimó reclamaciones relacionadas con La Rosita y las tarifas portuarias, determinó que carecía de jurisdicción sobre una demanda subordinada de Vulcan y declaró inadmisible la reconvención presentada por México por presuntos daños ambientales.
La disputa tiene su origen en las operaciones de extracción de piedra caliza de Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial mexicana de Vulcan, en Quintana Roo. El arbitraje internacional fue iniciado en diciembre de 2018 y el laudo contempla además intereses compuestos sobre la indemnización desde el 24 de enero de 2018 hasta que se realice el pago total.
Así, mientras el gobierno mexicano intenta presentar los más de 15 millones de dólares como una derrota menor frente a la cantidad originalmente reclamada, el caso deja una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la defensa de sus recursos naturales sin exponerse a costosas controversias internacionales?
La administración federal aseguró que mantendrá abierto el diálogo con Vulcan, pero advirtió que continuará defendiendo “con firmeza” la soberanía y los recursos naturales de México.
El problema es que, detrás del discurso de soberanía, queda una resolución internacional que sí encontró una violación al tratado y que obliga a México a pagar una compensación, con intereses, por una actuación de sus autoridades.
