Sheinbaum abre el IMSS e ISSSTE sin recursos: acceso universal en papel, colapso garantizado en hospitales
La promesa suena atractiva en el discurso: atención médica para todos, en cualquier institución pública. Pero detrás del anuncio del nuevo decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que emerge no es una reforma estructural, sino una expansión improvisada sobre un sistema de salud que ya opera al límite.
El planteamiento de permitir que cualquier persona pueda atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado omite un dato esencial: no hay inversión adicional. No se anunciaron nuevos hospitales, ni contratación masiva de médicos o enfermeras, ni ampliación de infraestructura. Es decir, se pretende atender a más pacientes con exactamente los mismos recursos.
La consecuencia es previsible: saturación. Hospitales que hoy ya enfrentan largas filas, cirugías diferidas y escasez de medicamentos, ahora tendrán que absorber a millones de personas adicionales. El resultado no será un sistema más justo, sino uno más colapsado.
El discurso oficial apuesta por la credencialización universal como solución, pero en los hechos traslada la presión hacia las instituciones que todavía concentran la mayor capacidad operativa. En ese escenario, el IMSS-Bienestar —que no ha logrado consolidarse ni ofrecer servicios consistentes— queda relegado, mientras los pacientes optarán por migrar al IMSS y al ISSSTE, agravando aún más la carga.
El impacto será directo: más consultas aplazadas, más cirugías pospuestas, personal médico rebasado y un desabasto aún más crítico. Lo que se vende como acceso universal podría convertirse en una experiencia de espera interminable y atención deficiente.
Pero el costo no será abstracto. Lo pagarán los derechohabientes que sí aportan cuotas, quienes verán deteriorarse los servicios por los que ya contribuyen. Morena busca que estas instituciones absorban a población sin seguridad social sin fortalecerlas previamente, lo que equivale a diluir recursos sin aumentar capacidad.
El riesgo más delicado está en las finanzas. Ya existen antecedentes de intentos por utilizar las reservas del IMSS —fondos destinados a garantizar pensiones y prestaciones— para cubrir este tipo de esquemas. De concretarse, no solo se comprometería la atención presente, sino también la seguridad futura de millones de trabajadores.
En síntesis: no es una expansión del sistema de salud, es una sobrecarga. Sin inversión, sin planeación y sin infraestructura, la promesa de atención para todos amenaza con convertirse en un escenario donde nadie recibe atención oportuna. Y, como siempre, el ciudadano terminará pagando el costo: con su tiempo, con su salud y, eventualmente, con su bolsillo.
