Tras el fracaso de su reforma electoral, gobierno de Sheinbaum lanza “plan B” para recortar al INE
Luego de que su reforma electoral fuera rechazada en el Congreso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes un nuevo intento para modificar las reglas del sistema electoral. El llamado “plan B” será enviado ahora al Senado con el argumento de reducir “privilegios” en organismos electorales y en los congresos locales.
La propuesta fue presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien explicó que la iniciativa pretende recortar sueldos y prestaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos públicos locales electorales (OPLES), además de limitar el número de regidores en los ayuntamientos del país.
Según el gobierno federal, el objetivo es reducir el gasto público en el aparato electoral y redirigir esos recursos hacia obras públicas en estados y municipios.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la imposición de un tope de entre siete y 15 regidores por municipio, así como una reducción progresiva del gasto del Senado de hasta 15 por ciento.
El plan también establece que consejeros del INE, magistrados electorales y altos funcionarios del sistema electoral no podrán ganar más que la presidenta de la República, además de eliminar bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros ingresos adicionales que actualmente reciben.
Otra de las propuestas abre la puerta para que la revocación de mandato presidencial pueda realizarse en 2027 o en 2028, lo que reaviva el debate sobre el uso político de este mecanismo.
Para concretar estos cambios, el gobierno federal plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, con ajustes que incluyen el establecimiento de topes salariales para consejeros y magistrados, el inicio inmediato de los cómputos electorales federales al concluir la jornada, y la posibilidad de firmar convenios para fiscalizar a partidos y candidaturas.
También se propone que los dirigentes partidistas transparenten sus remuneraciones y que los partidos reporten sus operaciones financieras en tiempo real, además de prohibir recursos ilícitos, financiamiento extranjero y aportaciones en efectivo.
El anuncio llega apenas días después de que la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo fracasara en el Congreso, lo que obligó al gobierno a replantear su estrategia.
Sin embargo, para sus críticos, el nuevo paquete no abandona el objetivo central de reducir la autonomía y el peso institucional de los órganos electorales, bajo el argumento de combatir privilegios.
Así, el llamado “plan B” electoral abre un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno y las autoridades electorales, en un momento en que el país se prepara para los próximos procesos políticos que definirán el rumbo del poder en los próximos años.
La discusión ahora se trasladará al Senado, donde se definirá si el intento de reforma logra avanzar… o si se convierte en otro capítulo fallido en la larga batalla del oficialismo contra el árbitro electoral.
