Detenciones al estilo narco en Tabasco: empresarios ligados a Pemex caen tras pleito millonario con un operador del poder
La escena fue propia de un levantón del crimen organizado. Hombres encapuchados, sin identificarse, se llevaron por la fuerza a Juan Subiaur Álvarez y a su hijo, Servio Tulio Subiaur Artiche, la tarde del sábado 20 en Villahermosa. Sus familiares denunciaron de inmediato la desaparición y alertaron por su integridad física. En Tabasco, donde la violencia y la opacidad se han normalizado, el miedo no es gratuito.
Pero con el paso de las horas surgió otra versión: no se trató de un secuestro, sino de la ejecución de una orden de aprehensión realizada por grupos de la policía de élite del Gobierno estatal. Una detención sin explicación pública, sin protocolo visible y con métodos que recuerdan más a una cacería que a un acto de justicia.
De acuerdo con el periodista Lino Zentella, padre e hijo estarían bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, acusados de “varios delitos” en carpetas de investigación que tendrían un origen claro: denuncias promovidas por Amílcar Olán, un personaje con amplias conexiones políticas y empresariales en la entidad.
Servio Tulio Subiaur, exfuncionario de Pemex, y su hijo son propietarios de la empresa Wessco. A esa compañía, Olán Aparicio habría ingresado como socio con una inversión cercana a los 90 millones de pesos. A partir de esa asociación —y con el respaldo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador— Wessco comenzó a obtener contratos millonarios en Pemex entre 2022 y 2024, que en conjunto habrían alcanzado hasta mil 400 millones de pesos.
Hoy, ese exitoso negocio parece haberse convertido en un campo de batalla. Fuentes cercanas al caso señalan que el conflicto estalló cuando Olán no quedó conforme con el reparto de utilidades y decidió escalar la disputa del terreno mercantil al penal. La Fiscalía estatal, lejos de actuar como árbitro imparcial, aparece como el instrumento para presionar, intimidar y doblegar a sus antiguos socios.
El antecedente es revelador. Hace apenas unas semanas, las oficinas de Wessco, ubicadas en el fraccionamiento Carrizal, fueron cateadas por policías ministeriales. Se decomisaron vehículos con supuestos reportes de robo, pero desde entonces en el entorno empresarial se advertía que el verdadero trasfondo era el rompimiento de la sociedad entre los Subiaur y el todavía poderoso Amílcar Olán.
En Tabasco, la línea entre justicia y venganza privada parece cada vez más difusa. Cuando las detenciones se ejecutan como levantones y las fiscalías operan al ritmo de disputas millonarias, la pregunta es inevitable: ¿se persiguen delitos o se cobran facturas?
