El nuevo sexenio militarizado: Defensa y Marina asumen funciones civiles con dinero público y sin control democrático
Los Programas Sectoriales de Defensa y Marina 2025-2030 marcan un nuevo salto en la militarización del Estado mexicano. Según la organización Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), estos documentos no solo definen la política de seguridad, sino que institucionalizan la expansión militar hacia funciones civiles y garantizan una prioridad presupuestal desproporcionada para las fuerzas armadas a costa del gobierno civil.
El análisis parte de un punto crucial: el artículo 26 constitucional ordena que toda planeación del Estado se subordine al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, MUCD advierte que detrás de la aparente alineación técnica se esconde un cambio estructural: la normalización del “emprendedurismo militar”, donde los soldados ya no solo portan armas, sino también construyen carreteras, operan puertos, gestionan aeropuertos, promueven turismo y hasta administran empresas públicas.
El informe denuncia que esta mezcla de funciones rompe con el equilibrio democrático, porque convierte a la milicia en actor económico, político y administrativo. Mientras tanto, el Paquete Económico 2026 coloca a la Secretaría de la Defensa Nacional como la tercera dependencia con más dinero público, superando casi tres veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Es decir: más dinero para los cuarteles, menos para la seguridad civil.
El documento también expone la creciente concentración de poder: la Marina controla puertos y aduanas, los militares dirigen la gestión migratoria bajo el disfraz de “rescate humanitario”, y el control del espacio aéreo queda en manos del sistema militar CENAVI. Cada nueva función significa menos espacio para la supervisión civil y más para la discrecionalidad castrense.
Peor aún, los nuevos programas ya anticipan nuevos frentes de militarización: manejo de agua, atención a conflictos sociales, respuesta humanitaria, comercio exterior y hasta regulación ambiental. Todo bajo una narrativa que justifica el dominio militar como “eficiencia institucional”.
MUCD también lanza una alerta sobre el uso opaco de tecnologías avanzadas —ciberseguridad, inteligencia artificial y vigilancia digital— sin contrapesos ni garantías de transparencia. En un país donde la rendición de cuentas es frágil, una inteligencia militar con poder tecnológico absoluto es una bomba para los derechos civiles.
El trasfondo político es evidente. Para la organización, estos programas son el reflejo de una “planeación militarizada de la Cuarta Transformación”, donde el Ejército y la Marina se consolidan como pilares del proyecto político oficial. No solo resguardan la seguridad nacional, también se erigen como los nuevos gestores del desarrollo económico y social del país.
En resumen, mientras el discurso presidencial presume austeridad y “pueblo armado de valores”, la realidad es otra: México se dirige hacia un modelo de Estado con uniforme, presupuesto de guerra y democracia en declive.
Con información de Aristegui Noticias.
