Biométricos a modo: el gobierno entrega datos de los mexicanos a proveedor favorecido de la 4T
El gobierno federal decidió poner en manos de un empresario de crecimiento cuestionado uno de los activos más sensibles del país: los datos biométricos de millones de mexicanos. No se trata de una firma especializada de trayectoria sólida en seguridad digital, sino de un proveedor que hasta hace unos años vendía material de oficina.
Se trata de Jorge Stephan Romita, hoy convertido en contratista recurrente de la llamada Cuarta Transformación. Una investigación de Latinus revela que su ascenso no sólo ha sido acelerado, sino también acompañado de contratos multimillonarios otorgados sin licitación y bajo esquemas de opacidad.
El caso más reciente es particularmente delicado: la Agencia de Transformación Digital le otorgó a su empresa, DR México, un contrato por mil 200 millones de pesos para implementar el Servicio Integral de Identificación Biométrica. Es decir, el sistema que concentrará datos altamente sensibles de la población. El contrato fue adjudicado directamente y, para mayor controversia, clasificado como información reservada por “seguridad nacional”.
El problema no es menor. Antes de convertirse en proveedor estrella del gobierno, Stephan Romita abastecía insumos básicos como papelería o cubrebocas. Hoy, sus empresas venden desde despensas hasta infraestructura crítica en aduanas, penales, aeropuertos y sistemas de transporte. Un crecimiento tan vertiginoso como inexplicable.
La expansión de sus negocios coincide con su cercanía a figuras clave del gobierno anterior, particularmente en el sector seguridad y en la Marina. Fue a partir de 2020 cuando sus contratos comenzaron a multiplicarse, pasando de montos modestos a asignaciones por miles de millones de pesos, muchas de ellas sin competencia.
Uno de los contratos más cuestionados fue otorgado por la Secretaría de Marina por más de 2 mil 600 millones de pesos para equipos de revisión aduanera, cuya entrega —según lo documentado— presentó retrasos sin que se aplicaran sanciones.
A pesar de estos antecedentes, el actual gobierno no sólo mantuvo la relación, sino que la fortaleció. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, DR México ha seguido acumulando contratos, incluyendo nuevos acuerdos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahora el sistema biométrico nacional.
En total, las empresas vinculadas a Stephan Romita acumulan al menos 4 mil 500 millones de pesos en contratos con la 4T, en su mayoría sin licitación pública. Una cifra que refleja no sólo el tamaño del negocio, sino el nivel de concentración de contratos en un solo proveedor.
El punto de fondo es preocupante: el Estado mexicano está delegando funciones estratégicas —incluido el manejo de datos personales sensibles— a empresas cuya expansión no ha sido acompañada de transparencia ni de competencia abierta.
En un país donde la protección de datos es ya un tema crítico, la decisión de concentrar esta información en manos de un contratista favorecido abre más preguntas que respuestas. Y la principal sigue sin resolverse: ¿quién vigila a quienes ahora tendrán acceso a la identidad de millones de mexicanos?
