El enigma de José Luis Peña Peña: entre el crimen organizado y la DEA

Por Alfredo Griz

Veracruz, México — A primera vista, José Luis Peña Peña podría parecer una figura secundaria en la geografía política contemporánea de Veracruz: el cónyuge de la gobernadora Rocío Nahle García. Sin embargo, cuando se descorre el telón de lo cotidiano, su nombre aparece repetido en una serie de hechos que han generado debates públicos, denuncias formales e incluso señalamientos sobre prácticas de nepotismo y enriquecimiento. Este reportaje profundiza en la trayectoria, los hechos documentados y las controversias que rodean a Peña Peña, con base en evidencias públicas y crónicas periodísticas.

Un Perfil Forjado en la Industria: De Pemex al Escenario Público

José Luis Peña Peña es, por formación, ingeniero mecánico y desarrolló su carrera técnica fundamentalmente en Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante años laboró en el Complejo Químico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde alcanzó el cargo de subjefe de mantenimiento. En este entorno corporativo, su carrera también estuvo marcado por interpretaciones contradictorias de su gestión interna: figuras cercanas a la empresa estatal señalan que, durante su tiempo como empleado de planta, Peña fue sujeto de revisiones de la contraloría por solicitudes de dinero y presuntas irregularidades administrativas. Esos procedimientos de auditoría incluso habrían desembocado en una severa presión personal sobre él, según versiones periodísticas que describen un episodio de ansiedad extrema asociado a aquella revisión interna.

A partir de este contexto profesional, su perfil público cambió radicalmente con la ascensión política de su esposa: primero como Secretaria de Energía del Gobierno Federal y más recientemente como Gobernadora de Veracruz.

El Salto a la Política Local: Colaboración, “Uno de Nosotros”

En febrero de 2025, Rocío Nahle García —ya gobernadora del estado— confirmó públicamente que había pedido a su esposo que colaborara con el gobierno estatal en asuntos de campo y ganadería. Así lo manifestó durante una reunión con ganaderos de la Zona B en Las Choapas, Veracruz, al anunciar que José Luis Peña Peña sería asesor en la Subsecretaría de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa). El espacio de asesoría fue descrito formalmente como “sin remuneración económica”, puesto que, según la gobernadora, no implicaría salario ni presupuesto oficial.

La gobernadora insistió en varias entrevistas en que la participación de su esposo no constituye una “función pública” con sueldo, sino una colaboración voluntaria, relatando que él se encargaba de informarle diariamente sobre la actividad ganadera y de asistir a reuniones con productores. “No es asesor, no es funcionario público, no cobra ni un solo peso, no tiene disposición presupuestal”, subrayó Nahle.

Este episodio, sin embargo, no fue recibido de forma unánime por la opinión pública. Críticos y comentaristas políticos enfatizaron que la configuración de roles no remunerados dentro de una estructura gubernamental puede constituir una forma encubierta de nepotismo o tráfico de influencias, al mantener a un familiar directo con acceso y participación en asuntos oficiales sin la transparencia normativa que rigen los nombramientos públicos.

Denuncias Formales: FGR, Propiedades y Patrimonio en el Punto de Mira

La narrativa alrededor de Peña Peña se complejizó en abril de 2024 cuando el empresario Arturo Castagné Couturier presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México contra Rocío Nahle y su esposo por supuestos delitos de:

• Corrupción
• Uso ilícito de atribuciones o facultades
• Enriquecimiento ilícito

Según la denuncia, la pareja habría adquirido, de manera desproporcionada respecto a sus ingresos oficiales, al menos cuatro propiedades ubicadas en estados como Veracruz, Nuevo León y Tabasco. El punto de discordia más citado fue la supuesta propiedad de una residencia en el exclusivo fraccionamiento El Dorado Residencial y Marina, en Boca del Río, así como inmuebles en otras zonas de alto valor.

Los denunciantes también han circulado documentos y reclamos sobre adquisiciones inmobiliarias adicionales atribuidas a Peña Peña —incluido un terreno valorado en varios millones de pesos— que, según ellos, no corresponden con la evolución patrimonial reportada en las declaraciones oficiales.

La respuesta de Nahle ante estas acusaciones ha sido consistente: ha negado que su esposo sea propietario de bienes “ocultos” o que haya enriquecimiento ilícito, y ha señalado que muchas de las propiedades o han sido rentadas o adquiridas dentro de los marcos legales y declarados ante la autoridad correspondiente.

Importante: Hasta la fecha de corte de este reportaje no existe confirmación oficial del avance de esta denuncia ante la FGR hacia una carpeta de investigación pública, proceso penal formal, vinculación a proceso o sentencia judicial en contra de Peña Peña o Nahle. La presentación de la denuncia sí ocurrió, pero el estado procesal concreto permanece en reserva de la propia fiscalía.

Por su parte la DEA y el Departamento del Tesoro, tienen ubicadas cuentas de banco y diversas propiedades a nombre de José Luis Peña y Peña y de la propia Gobernadora Rocío Nahle, quien aparece en la lista de Gobernadores y Políticos investigados por las autoridades del vecino país del norte.

Y en ese sentido queda claro que el cinismo que ha caracterizado a muchos políticos de la llamada 4T es más que evidente, pues la mandataria veracruzana utilizo de testaferro a su propio esposo, pensando en que las actividades delictivas en las que han incurrido no los van a alcanzar por tener sus bienes y activos en los Estados Unidos de América.

Así bien, las investigaciones de la DEA y el Departamento del Tesoro, no son un juego, son cosa seria y más tarde que temprano alcanzara a Roció Nahle y compañía, porque los activos detectados en el vecino país, no son producto solamente del descarado desvió de recursos y saqueo que realizan en Veracruz, es también muy al estilo de esta nueva forma de gobernar, de tratos y contratos con sus amigos y aliados del Crimen Organizado.

Ecos de Controversia: Redes, Acusaciones y Percepción Pública

Más allá de los hechos administrativos y las denuncias formales, el nombre de José Luis Peña Peña ha circulado en múltiples espacios de opinión y redes sociales, donde su figura ha sido asociada con prácticas poco claras, desde acusaciones de nepotismo hasta acusaciones —no verificadas por agencias oficiales— sobre tráfico de influencias vinculado a proyectos como la refinería de Dos Bocas. Estas versiones, difundidas en columnas y espacios informales, señalan vínculos entre su entorno familiar y contratos millonarios de obra pública.

Dichas versiones han sido respondidas por sectores oficiales y por la propia gobernadora con la narrativa de que se trata de “campañas de desinformación” o ataques políticos, un señalamiento que ha polarizado aún más el debate.

Conclusión: Entre la Legalidad y la Percepción

La historia de José Luis Peña Peña ilustra un fenómeno cada vez más relevante en la política mexicana contemporánea: la intersección entre lo público y lo privado, y cómo figuras aparentemente periféricas pueden convertirse en centros de controversia y escrutinio. Datos verificables muestran que ha participado en funciones de apoyo en la administración estatal, que ha sido sujeto de denuncias formales ante la autoridad federal y que existen cuestionamientos públicos sobre su trayectoria y patrimonio. Lo que no se ha confirmado públicamente es que exista una investigación penal formal en curso con cargos imputados por autoridades judiciales competentes.

Este caso es un ejemplo paradigmático de cómo la percepción pública, las acusaciones mediáticas y las denuncias legales pueden converger para crear una narrativa compleja, donde la evidencia jurídica, la transparencia administrativa y la responsabilidad política intersectan de manera crucial. La resolución de estas interrogantes dependerá, en última instancia, de la transparencia de las instituciones encargadas de investigar y, eventualmente, sustanciar cualquier acusación con pruebas fehacientes.