Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra alertan sobre impacto de la militarización en la democracia y derechos humanos en México
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Las organizaciones Amnistía Internacional, La Justicia Que Queremos y Seguridad Sin Guerra consideran que la reforma de la militarización de la Guardia Nacional implica riesgos para los derechos humanos y la democracia, y señalan que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto va en sentido contrario a lo que prometió: sacar al Ejército de las calles.
En un pronunciamiento justo en el día que en la Cámara de Diputados se discute la reforma para integrar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las organizaciones mencionadas señalan varios aspectos de la iniciativa del tabasqueño que afectarán los derechos humanos.
Entre esos aspectos del documento destacan el uso discrecional de la Fuerzas Armadas por parte del presidente en tareas de seguridad y defensa exterior, incluso en tiempos de paz; la integración de la Guardia Nacional en la Fuerza Armada Permanente, además de que tendría facultades de investigación y se le aplicaría el fuero militar, además de que su mando será un general de División, entre otros puntos.
Con la reforma, advierten, se empodera más a las Fuerza Armadas ya que se les otorgan facultades, como las anteriormente mencionadas y más, además de que sus operaciones estarán “cubiertos de un manto de secrecía y opacidad bajo un fuero militar”. Además, insisten en que “el uso de militares en las tareas de seguridad pública no ha solucionado la grave crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace tres sexenios”.
También mencionan que contra la Guardia Nacional se han abierto mil 772 expediente abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que es la institución que ocupa el lugar número siete entre las dependencias contra las que se han presentado más quejas. En el caso de aquel cuerpo de seguridad, han sido por violaciones como detenciones arbitrarias, el empleo arbitrario de la fuerza pública, trato cruel, inhumano o degradante y abusos contra derechos de los migrantes, entre otras.
Sobre la intervención de militares en tareas de seguridad pública, las tres organizaciones resaltaron que uno de los principales focos rojos es el abuso de la fuerza, “el cual ha sido mayor en este sexenio que en el anterior”.
Finalmente, rememoran una frase de López Obrador en 2012, cuando planteaba sacar al Ejército de las calles, en obvia referencia a su utilización a su intervención en tareas de seguridad pública. “Sin embargo, su política en seguridad, a lo largo de su sexenio, ha sido contraria a lo prometido”, concluyen.
